A propósito del puente sobre el caño El salto

Por: Jaime Eduardo Rojas Mora

La novedad relevante a nivel cabeceral desde ayer es el colapso de una aleta de refuerzo de uno de los cabezotes del puente sobre el caño El Salto, la cual ha conllevado a las autoridades municipales y a los parroquianos del común al requisito de formarse una idea concreta respecto a la vida de uso de esa estructura. Pues bien, hago este aporte en dicho tema en respuesta a esa inquietud de parte de varias personas y en aras de brindarle esta visión histórica a la Alcaldía con el objetivo de que le sirva en el proceso diagnóstico para la superación de semejante contratiempo.

La necesidad de esa obra ha estado presente en la vida de los barranqueños desde siempre dada la ubicación geográfica, tanto del originario Pueblo de Lova malibú, como de la nueva población que obedeció a su reubicación entre 1802 y 1808, de modo que en 1920 ya fue tema de caballito de batalla de los políticos de turno, por lo que el Concejo Municipal aprobó una partida de $2.000 para su construcción el 28 de enero de 1926, siendo presidente Misael Salas Torres. La escencia obligante de su erección latió infructuosamente en el pecho de la clase política desde entonces a través de las generaciones politiqueras locales con el desfile del juego político, inicialmente con los liberales Luis Pareja y Francisco Vargas en 1930, con la continuidad protagonizada por el Pabismo y el Florismo en el mismo partido a partir de 1940, en cuyo seno fungieron como cabecillas Tobías Paba, del primero, y Toribio José Flórez Feria, del segundo, de los cuales el último fue el núcleo de las ascendencias políticas venideras con las actuaciones de los líderes Flavio Ricaurte Flórez y José Rudecindo López Parodi, quienes le transmitieron un enfrentamiento familiar a sus hijos José Rafael Ricaurte Armesto y Alfonso López Cossio en medio de una guerra fratricida polarizada en el Ricaurtismo y el Lopismo, cuya escencia no fue otra que la traslación de una rencilla familiar del Florismo a las entrañas de este punto geográfico con una vigencia local de veinticuatro añadas en convivencia departamental con el Lincismo (1958), el Movimiento Revolucionario Liberal (1962), el Oficialismo vs. Emerrelismo (1974), el Marunismo (1980), la Nueva Fuerza Liberal (1982), el Turbayismo (1982), el Marunismo (1982), el MOIR (1982) y la Unión Patriótica (1987), amén de la afloración municipal del Pachismo (1990) y del Movimiento Cívico “Demóstenes Fonseca Gómez” (1992), gama inoperante que no hizo evidente esa añeja exigencia, sino que la disposición popular tuvo que hacerlo mediante el trazado de la carretera hasta Soledad bajo el liderazgo de Daniel Vásquez Pastrana, en 1963, con el acompañamiento del ingeniero Bustillo y el puntal de un grupo de amigos afines, el cual fue la base para que el grupo técnico que el Ministerio de Obras Públicas envió hiciera el diseño de la trayectoria de la vía Barranco de Loba-Norosí en 1973.

Ese anhelo comunitario fue incrementado a partir de 1963, además, con la incursión de Manuel de J. La Madrid, quien hizo efectivo el permiso que el Ministerio de Agricultura le concedió para extraer madera en esta zona y escogió este poblado para el acopio respectivo y el montaje de su oficina. La comunidad le brindó apoyo e inició la explotación a cambio de la apertura de la vía, pero quebró en 1966, así que abandonó la empresa dejando tiradas parte de sus maquinarias y equipos en forma lamentable en las calles y en la playa, sin embargo, alcanzó a trabajar el camino carreteable hasta Soledad sin el acabado final.

Mas la senda hacia ese propósito fue objeto de un avance concreto y directo en 1965 gracias a la organización de la Junta de Acción Comunal de Barranco de Loba bajo el excepcional trabajo político de José R. López Parodi, toda vez que logró auxilios por la suma total de $205.000 para el mismo mediante la gestión parlamentaria de Julio Ramón Facio Lince y Jorge Navarro, impulso que se conjugó a otro en 1972 en razón de que Alcaldía organizó el ComitéPro-vía Barranco de Loba-Norosí el 18 de agosto de esa anualidad, pero como quiera que donde existe el bien emerge el mal, ese valioso adelanto fue dilapidado por José Rafael Ricaurte Armesto puesto que dispuso el levantamiento de unos muros en la última anualidad aludida en su condición de presidente de dicha organización popular, los cuales se cayeron debido a  la carencia de cimentación, de manera que el capital que la anterior junta directiva había luchado con tanto ahínco fue desperdiciado sin misericordia alguna, y el trabajo que la gente aportó con esmero y alto sentido de pertenencia quedó en la nada. Los profesores y los estudiantes del Colegio Cooperativo trabajaron en este ominoso derroche y despilfarrocomunal en jornada nocturna, en cuyos patios fueron guardados los materiales que quedaron del parapeto caído, de donde fueron hurtados sistemáticamente. Ese hecho se configuró en un golpe emocional para el sentido de colaboración comunitaria ya que los sectores habían tributado su trabajo gratuito.

La vía carreteable hacia Norosí fue cristalizada entre 1985 y 1987 a pesar de semejante fiasco, por encima de dichas ruinas, a través de contrato con la compañía Herrera y Durán con fondos de Caminos Vecinales, en cuya temporalidad el Lopismo consolidó la conclusión de la construcción en 1986 después de más de dos lustros de abanderamiento político, con recursos del Ministerio de Obras Públicas y Caminos Vecinales, logro que fue inaugurado el 2 de febrero de 1987 con el nombre de “José R. López”.

La cadena hídrica entre el río Magdalena y el brazo del Rosario, de la cual el aludido caño hace parte al Sur de la cabedera municipal, se enseñoreó a su paso por debajo de la luz de ese levantamiento equilibrando los cuerpos de agua existentes en ella hasta que la ocurrencia del burdo ecocida alcalde de San Martín de Loba, Rudecindo Ospino, la aniquiló mediante el taponamiento del caño Cepeda, al frente de dicha población, en 1989, para erigir un jarillón vial desde ésta hasta el nuevo puerto de Las Mercedes ubicado mucho antes del antiguo Comemiel, con la finalidad de evitar, de esa manera, la navegación forzosa que había que superar desde el río Magdalena por los caños de Chimí o La Esperanza y Macarrones para poder llegar a la misma, exabrupto que bien pudo eludir con la edificación de un pontón en ese mismo lugar, acción atroz y letal en este tópico tan fundamental para la vida de esta zona y del mundo.

El impacto del daño causado a efectos de este ecocidio hídrico es inconmensurable dado que interrumpió el curso de las aguas por el caño del Puente y el caño Caimán de Piedra a la ciénaga de Mico, y de aquí al caño El Salto y a las subsiguientes fuentes hídricas que desde ésta conectaban con el brazo El Rosario: la ciénaga La Punta, el caño Los Chorros, la ciénaga de Santos, el caño La Angostura, la ciénaga Estancia Vieja, el caño Los Canelones, la ciénaga La Arena, la ciénaga Los Aguacates, la ciénaga Matatigre, el caño El Corozal, la ciénaga El Palotal y la ciénaga la Talanquera, originando un desequilibrio ambiental con mortandad de peces a raíz del estancamiento de las aguas con la consabida insalubridad y el claro atentado contra los derechos constitucionales de la salud pública, del ambiente sano y del ejercicio de la pesca.

El Inderena realizó un estudio técnico en 1992 en vista de esto y consideró que el caño taponado debía ser destapado de inmediato en virtud del deterioro de la biodiversidad con el consiguiente daño ambiental. El INPA informó y solicitó al alcalde de San Martín de Loba, más adelante, la necesidad urgente del destaponamiento, no obstante, ese municipio hizo caso omiso.  El pescador Francisco Atencia Quintana, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.104.988 de San Sebastián, entabló acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Barranco de Loba contra el municipio de San Martín de Loba, el 27 de septiembre de 1993, solicitando lo mismo. El juez falló tres días posteriores a favor del tutelante y ordenó el destaponamiento al alcalde respectivo en esa misma fecha. Ese funcionario le ofició al respecto al responsable inquirido, Óscar Centeno Rojas, ante la negativa del cumplimiento de lo preceptuado, pero éste evadió la obligación porque la ejecutoria se refería a que “destaponara el caño Comemiel” siendo que el nombre en la parte taponada era “caño Cepeda”. El juez ejecutante cursó diligencia de peritazgo en la cual el perito designado, Luciano Andrés Cerpa Ballesteros, expresó textualmente que “en la actualidad ese antiguo caño Comemiel es denominado caño Cepeda”, argumento cuyo peso no le bastó el juez Hermen Gregorio Flórez Torres, ni al alcalde Bayron de Jesús Montes Salcedo, para que hubieran conminado a las autoridades de San Martín de Loba a que hubieran resarcido el daño causado cuando apenas el impacto del problema comenzaba a dimensionarse y aún no tenía costo social alguno, en otras palabras, ese burgomaestre le mamó gallo al juez y se pasó por el forro el derecho de los habitantes de los núcleos poblacionales afectados directamente: Chimí, San Martín de Loba, Bellavista, El Suan, Barranco de Loba, El Pital, Delicia Nueva, San Antonio, Hatillo Bocas del Monte y Altos del Rosario.

La mencionada cadena hídrica está muerta en el hogaño, de modo que las inmediaciones del puente están llenas de plantas acuáticas que han conformado afirmados cuya densidad presiona la estructura de la obra poniéndola en peligro de derrumbamiento, lo cual podría ser la causa de la primicia que nos ocupa.

                                   Barranco de Loba, 2 de junio del 2022.